DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO ESPECIAL

ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

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Profesores

Dra. Gloria Esteban de la Rosa, Profesora Titular de Universidad

Ldo. Jesús Martín Serrano, Profesor Asociado T.P.

Ldo. Juan Simón Mulero García, Profesor Asociado T.P.


Asignaturas    

Licenciatura de Derecho

Derecho internacional privado I (grupos A y B) y Derecho internacional privado II (grupos A y B)

Derecho internacional privado (7,5 cr.))

Derecho del comercio internacional (4,5 cr.)

Cooperación internacional y proceso (6 cr.)

Diplomatura de Relaciones Laborales

Reglamentación del contrato internacional de trabajo (4,5 cr.)

Licenciatura de Ciencias del Trabajo

Régimen jurídico del trabajador extranjero en España (4,5 cr.)


DOSSIER DE MATERIALES Y PRÁCTICAS (Primer cuatrimestre Curso 2005-2006)

            El presente dossier se utiliza para la preparación, tanto del contenido práctico como del contenido teórico de la materia “Derecho internacional privado”. Contiene un Problema, que ha de ser resuelto por los/-as estudiantes, con la asistencia del/-a profesor/-a durante concretos días de clase previstos para tal fin; y un número mínimo de supuestos prácticos (seis), que pueden completarse a lo largo del cuatrimestre si el desarrollo de los contenidos del programa lo requiere y el tiempo lo permite. Por último, contiene un Anexo con indicación de material, de utilidad para el seguimiento de las clases.

I.                    PROBLEMA

            El 25 de abril de 1998 se vertieron al río Agrio, afluente del Guadiamar, 5.500.000 millones de litros de aguas tóxicas (con cadmio, arsénico, etc.), que llegaron al Parque Natural de Doñana, como consecuencia de la rotura de la balsa de decantación de la mina de Aznalcóllar, que explotaba la empresa minera Boliden-Apirsa S.L. Analice el asunto así como las posibilidades de pedir responsabilidad a la empresa por el daño ecológico para que asuma el coste de su restauración. Con carácter voluntario -con valor de 0,5 puntos-, puede realizarse una de las siguientes actividades: de un lado, elaboración de un Informe (vid. infra), en el que se indiquen las posibilidades que habría de reconocer en el extranjero las decisiones administrativas sancionadoras pronunciadas por las autoridades españoles competentes en el ámbito del medio ambiente y; de otro, formulación de una demanda civil dirigida contra la “empresa con estructura de grupo” Boliden. 

II.                  CASOS PRÁCTICOS 

PRIMERO: Sentencia del T.S. núm. 562/2003 (sala de lo civil, sec. única), de 11 de junio (recurso de casación núm. 3234/1997) (competencia judicial internacional) Base de Datos Aranzadi.

            Analice detenidamente, en primer lugar, el supuesto de hecho sobre el que se han pronunciado las distintas instancias y el objeto de la demanda. Esto es, califique la acción desde la perspectiva del sistema español de DIPr. En segundo extremo, estudie las cuestiones que presenta interés en este caso en el que se está en presencia de una situación privada internacional. Más concretamente, el reconocimiento en España del matrimonio celebrado en el extranjero (posibilidades y límites), aplicación de las reglas de competencia judicial internacional (valoración crítica, en su caso), motivos de casación (justificación) y solución alcanzada por el T.S. (juicio personal razonado jurídicamente). Para ello, consulte E. Rodríguez Pineau: Régimen económico internacional. Aspectos internacionales, Comares, Granada, 2002.           

SEGUNDO:  Sentencia del T.J.C.E. (sala quinta), de 8 de mayo de 2003 (as. C-111/01; Gantner Electronic GMbH. v. Basch) (litispendencia internacional y compensación)

            Explique el procedimiento a través del cual se acude al T.J.C.E. para solicitar la interpretación de las normas de origen institucional. De otro lado, verifique si en este caso las decisiones que llegaran a dictar ambos órganos judiciales nacionales sería contradictorias desde la lógina del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968 sobre competencia judicial y reconocimiento de decisiones en materia civil y mercantil. Por último, analice detenidamente la respuesta dada por el Alto Tribunal  en este caso así como la jurisprudencia anterior sobre esta misma materia. Para ello, puede consultar, R.E.D.I., 2003-2, pp. 913 y ss.

TERCERO: Resolución de la D.G.R.N., de 4 de mayo de 2002 (reconocimiento de decisiones en materia de familia) Texto y comentario en R.E.D.I, 2003-1, pp. 400 y ss.

            Se trata de analizar el sistema y condiciones para reconocer las decisiones extranjeras en el ámbito del Derecho de familia de conformidad con las normas institucionales. Ha de centrarse el estudio en el ámbito de aplicación temporal de la normativa aplicable, así como exponer una opinión crítica acerca de la postura de la D.G.R.N. en este caso. Por último, coméntese también la respuesta jurídica dada pro el Auto de la A.P. de Barcelona, de 28 de febrero de 2002 (texto en AEDIPr., 2004).  

CUARTO: Resolución de la D.G.R.N. (1ª), de 19 de octubre de 2001 (inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero). Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núm. 1907, pp. 163 y ss. 

El reconocimiento del matrimonio celebrado en el extranjero en el extranjero se realiza de forma automática. Sin embargo, la normativa registral impone un conjunto de límites que son analizados en la presente decisión de la D.G.R.N., así como en otras posteriores. Analice tanto el sistema como las condiciones relativas a la homologación en España de los matrimonios celebrados entre extranjeros en el extranjero, así como los citados límites que impone la normativa registral (su justificación, en su caso), así como las posibles soluciones. Deben consultarse la jurisprudencia existente en la materia así como, entre otras, la siguiente referencia, C. Esplugues Mota: “Todos somos extranjeros en algún lugar del mundo: incidencia de la extranjería en el Registro civil español” en, A.A.V.V.: Derecho registral internacional, Iprolex, 2003, pp. 43 y ss. 

QUINTO: Resolución de la D.G.R.N. núm. 4/2004, de 23 de enero (adopción internacional)  Base de Datos Aranzadi.

            Analice qué requisitos exige el sistema español de DIpr. para que pueda constituirse una adopción en el extranjero por parte de personas de nacionalidad española. De otro lado, estudie detenidamente las posibilidades (sistema y condiciones de reconocimiento) que tiene la decisión extranjera de adopción de acceder a un Registro español. Indique, en su caso, cuál  sería el Registro civil competente. En tercer extremo, valore si sería posible constituir en España esta adopción, tal y como indica la resolución de la DGRN así como las posibilidades de “conversión” o “transformación” de la constituida en el extranjero. Por último, valore críticamente la decisión de la instancia administrativa en este caso. Puede consultar, entre otras,  R. Espinosa Calabuig: “Una nueva reforma en materia de adopción en España”, Revista General de Derecho, núm. 667, abril de 2000.  

Fe de erratas: en el texto del programa aparece una errata, que indica la fecha de 1 de julio de 2004. 

SEXTO:  Sentencia de la A.P. de Baleares (núm. 163/2004) (sección 4ª), de 31 de marzo (testamento ológrafo internacional) Base de Datos Aranzadi.

            Estudie, en primer lugar, la competencia de las autoridades españolas para declarar la nulidad del testamento ológrafo otorgado por el causante, el 27 de octubre de 1999, solicitada por la actora. De otro lado, indique la finalidad del certificado de sucesión expedido pro el Juzgado municipal de Neu-Ulm. Por último, comente críticamente la respuesta dada por el Juzgador en este caso, apoyándose en la jurisprudencia española así como, en su caso, en las opiniones de la doctrina. 


PRÁCTICAS CURSO 2004-2005

Derecho internacional privado I (Grupos A y B). Primer cuatrimestre

NÚMERO 1

Referencia: Sentencia del T.J.C.E., as. C-148/02, de 2 de octubre de 2003 (en http://europa.eu.int/cj/es/jurisp )

    A través del estudio de la presente decisión se analizará la delimitación del ámbito de aplicación de las normas del Derecho comunitario, así como el sistema de fuentes de Derecho internacional privado español. Asimismo, se pondrá de relieve la diferenciación entre las situaciones privadas internacionales de las internas, profundizando en el objeto del Derecho internacional privado. También deberá abordarse la forma en que las decisiones del Tribunal Europeo pueden afectar a la interpretación de la normativa autónoma de Derecho internacional privado español en temas concretos como, por ejemplo, la regulación del nombre y apellidos de las personas físicas.

    Para el análisis de estas cuestiones debe consultarse la nota en R.E.D.I., vol. LV (2003), 2, págs. 938-944 y el artículo "Régimen de los apellidos, doble nacionalidad, internacionalidad intrínseca del problema y Derecho comunitario", La Ley, 22 de octubre de 2003, págs. 1-5.

NÚMERO 2

Referencia: Sentencia de la A.P. de la Palma de las Islas Baleares (Sección Tercera), de 6 de marzo de 2001 (JUR 2001/139841. Texto recogido en nota indicada infra)

    El comentario de esta decisión se centra en el cauce adecuado para impugnar la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles mediante la aplicación de la normativa comunitaria y autónoma de Derecho internacional privado. Del mismo modo, deben examinarse los problemas que presenta la concreción del concepto "sumisión tácita" en litigios con un elemento de internacionalidad y su importancia en el Derecho procesal civil internacional.

    Para ello deberá consultarse la nota en AEDIPR 2003, págs. 858-861 y el artículo "Alcance material del art. 18 del Convenio de Bruselas sobre los medios procesales de impugnación de la competencia judicial internacional", La Ley, nº 4198, 1996, págs. 1671-1676.

NÚMERO 3

Referencia: Sentencia de la A.P. de Barcelona (Sala de lo civil), de 18 de junio de 2002 (Actualidad Civil 2002/2176)

    A través del estudio de la presente decisión se analizarán los problemas que plantean a las autoridades españolas la aplicación de preceptos contenidos en ordenamientos jurídicos extranjeros como consecuencia de la remisión realizada por las normas de conflicto. Concretamente, será objeto de estudio la aplicación por parte de los tribunales españoles de instituciones diferentes a las existentes en el ordenamiento jurídico español.

    Debe consultarse la nota publicada en R.E.D.I. vol. LV (2003) 1, págs. 416-424 y nota en AEDIPR, 2002, págs. 867 y siguientes.

NÚMERO 4

Referencia: Sentencia de la A.P. de Barcelona (Sección 12ª), de 31 de marzo de 2003 (texto recogido en la Nota indicada infra)

    Los aspectos que han de analizarse en el presente caso son el régimen y condiciones de reconocimiento extraterritorial de las decisiones extranjeras en las que se pone fin a la convivencia de la pareja. Tales sentencias se refieren a una pluralidad de aspectos, entre los que pueden destacarse, la ruptura del vínculo matrimonial, la extinción del régimen económico del matrimonio (en caso de que exista esta clase de unión), el régimen de custodia y visita de los hijos comunes, así como la pensión de alimentos, incluida, en ocasiones, la pensión compensatoria.

    Además, se plantea la cuestión de la modificación en España de cualquiera de estos pronunciamientos, esto es, si para ello es preciso el reconocimiento de la decisión extranjera (y, en su caso, cuáles son las condiciones y sistema) y/o la determinación de la competencia judicial de las autoridades españolas y/o la precisión del sistema jurídico que ha de regular la citada modificación. Para el análisis de estas cuestiones debe consultarse la Nota a la sentencia que se comenta aparecida en R.E.D.I., 2003-2, pp. 960 y ss., así como el artículo publicado en R.E.D.I., 2002-2, pp. 641 y ss.

NÚMERO 5

Referencia: Sentencia del T.S. (Sala de lo civil), de 21 de julio de 2000 (recurso núm. 2754/1995)

    El análisis de esta decisión se centra en las diversas condiciones a las que se supedita el reconocimiento en España de las decisiones extranjeras y, de forma particular, en las garantías procesales que han de respetarse en el procedimiento seguido en origen (Estado requirente) para que tal decisión pueda desplegar efectos en el foro (Estado requerido). Ha de centrarse el estudio, particularmente, en la notificación (normativa aplicable en el espacio comunitario, sistema de notificación, etc.), así como en las opciones que conceden las reglas de reconocimiento aplicables para impedir o paralizar (suspender) el reconocimiento.

    Deben abordarse también, entre otras cuestiones, las diferencias entre el reconocimiento parcial y el reconocimiento global y la homologación a título principal e incidental. Para ello, debe leerse de forma reflexiva la Nota publicada en R.E.D.I., 2001 (vols. 1 y 2), pp. 486 y ss., así como consultar la monografía El nuevo régimen de la notificación en el espacio judicial europeo, Comares, Granada, 2002 (depositada en el Área de Derecho internacional privado)

NÚMERO 6

Referencia: Auto del T.S. (Sala de lo civil), de 6 de noviembre de 2001 (R.J., 2001, núm. 9521)

    Deben estudiarse con detenimiento las diferencias entre la "ejecución" de una decisión extranjero y los "actos de ejecución" necesarios para materializar su contenido (fallo). El sistema utilizado para la homologación de la decisión también puede tener cierta incidencia para delimitar esta cuestión, dado que el régimen automático supone la invocación directa de la decisión por parte del interesado ante las autoridades españolas, no teniendo que ser éstas, necesariamente, del orden judicial, como se pone de relieve en este asunto.

    Debe analizarse también el denominado "efecto registral" (o efecto impropio) de las decisiones extranjeras (condiciones, etc.). Para ello, consúltese la Nota publicada en R.E.D.I., 2002-1, pp. 396 y ss., así como la monografía Los efectos de las resoluciones extranjeras en España, Cívitas, Madrid, 1992 (disponible en el Área de Derecho internacional privado).

*     *     *     *     *

DOSSIER DE MATERIALES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II (Grupos A y B)

 CONTENIDO DEL DOSSIER Y FINALIDAD

     El presente dossier, elaborado por los profesores que imparten la materia “Derecho internacional privado II” (segundo cuatrimestre del curso 2004-2005), se utiliza para la preparación, tanto del contenido práctico como del contenido teórico. Contiene un Problema, que ha de ser resuelto por los/-as estudiantes, con la asistencia del/-a profesor/-a durante concretos días de clase previstos para tal fin; y un número mínimo (seis) de supuestos prácticos, que pueden ser completados a lo largo del cuatrimestre si el desarrollo de los contenidos del programa lo requiere y el tiempo lo permite.

 I.                    PROBLEMA

            Un doble nacional, suizo y español, domiciliado en Suiza, mayor de edad, divorciado, actualmente se encuentra sometido a tutela, porque su salud psíquica requiere esta medida de protección. Se trata de saber cuáles son las condiciones y el procedimiento que se ha de seguir para que esta persona se beneficie en España de la misma protección que tiene en Suiza, teniendo en cuenta que es propietario de bienes muebles e inmuebles en Cataluña (España). Puede realizarse un informe siguiendo el modelo que se recoge infra.

II.                  RELACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

 SUPUESTO NÚMERO 1

Referencia: Auto del T.S. (sala de lo civil), de 9 de abril de 2002 (exequátur núm. 2013/2001). Texto disponible en la base de datos Aranzadi.

             El análisis de esta decisión se centra en el sistema y condiciones de reconocimiento previstas en el Reglamento 1347/2000, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes. Como se sabe, este Reglamento ha sido derogado por el Reglamento 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (cuya entrada en vigor se produjo el 1 de agosto de 2004, pero se aplica a partir del 1 de marzo de 2005).

     Más concretamente, se ha de analizar, en primer lugar, la aplicación al caso del Reglamento 1347/2000 por motivos temporales así como la regla de compatibilidad que prevé el art. 64 del R. 2201/2003. En segundo extremo, el sistema o los sistemas de reconocimiento que prevé el R. 1347/2000 así como los del R. 2201/2003, comparativamente. Y, en tercer término, la relación entre ambos Reglamentos comunitarios con los convenios bilaterales suscritos entre España y determinados países europeos en materia de reconocimiento. Por último, ha de realizarse una valoración crítica de la postura seguida por el T.S. en el presente auto, acerca de su propia competencia para el reconocimiento de la decisión extranjera, así como de la referencia que realiza a la competencia de otras autoridades españolas para su homologación en España.

 Para todo ello, debe consultarse y leerse detenidamente el comentario a esta decisión publicado en la Revista Española de Derecho Internacional, 2003-I, pp. 400 y ss.

 SUPUESTO NÚMERO 2

Referencia: Sent. del T.S. (sala primera), de 11 de junio de 2003. Aranzadi Westlaw, RJ, 2003/5348 y texto recogido en la nota publicada en REDI.

             El análisis de la presente decisión judicial se centra, en particular, en la cuestión del reconocimiento en España del matrimonio celebrado en el extranjero (más concretamente, en el Estado americano de Nueva York). Es preciso, en primer lugar, hacer referencia a las posibles vías previstas en el sistema español de Derecho internacional privado para homologar los efectos del citado matrimonio en España, a las que se refiere el comentario cuya lectura se recomienda. Debe prestarse especial atención a la finalidad y funcionamiento de los arts. 49 y 50 del C.c. De otro lado, hay que hacer referencia a la posición del Tribunal Supremo, relativa a la falta de reconocimiento del citado matrimonio en nuestro ordenamiento y a sus consecuencias con respecto a la acción de división de cosa común que presenta la actora.

Por último, las cuestiones relacionadas con la competencia judicial internacional de las autoridades españolas para el conocimiento de la citada demanda tienen una importancia menor, de tal modo que tan sólo serán recordadas en clase al hilo del estudio/comentario de la presente decisión. Para el análisis de estas cuestiones debe consultarse la nota aparecida en la Revista Española de Derecho internacional, 2003-II, pp. 953 y ss.

 SUPUESTO NÚMERO 3

Referencia: Sentencia de la A.P. de Murcia (núm. 166/2003), de 12 de mayo (texto disponible en la base de datos de Aranzadi)

             El análisis de la presente decisión debe centrarse en las distintas cuestiones que plantea la actora, de nacionalidad marroquí, en el proceso, en particular, las relacionadas con el Derecho que se aplica a las mismas (divorcio, custodia de los hijos y pensiones, compensatoria y de alimentos). Hay que comentar de forma detenida la correcta o incorrecta delimitación de la normativa aplicable que realiza la A. P. de Murcia en el sector del Derecho aplicable. En segundo extremo, se ha de examinar también la relevancia que presente para el curso del procedimiento que se sigue en España la existencia de una decisión de repudio otorgada por el tribunal de Primera Instancia de Fez (Marruecos), así como la aplicabilidad al caso del Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de 30 de mayo de 1997 (recogido en las legislaciones de Derecho internacional privado).

     Por último, realice un comentario crítico de la decisión judicial en lo que respecta a los siguientes extremos: utilización de la excepción de “orden público” (internacional) para dejar de aplicar el contenido del Derecho extranjero (ordenamiento marroquí, de un lado; y, de otro, consideración de la existencia de un foro de necesidad. Para comentar odas estas cuestiones, se recomienda la consulta de los temas del Manual de Derecho internacional privado, Cívitas, 3ª ed., 2004 que se relacionan a continuación: cap. VI, punto III; cap. VII, punto II.3 y cap. VII, punto IV. De otra parte, consúltese de forma específica la p. 321, marg.305.

SUPUESTO NÚM. 4

Referencia: Sentencia del T.S., Sala de lo Civil, de 21 de mayo de 1999. Ponente Excmo. Sr. González Poveda (La Ley, 1999, nº 9035; RAJ, 1999, nº 4580)

            A través del estudio de la presente decisión del T.S. se analizará la posición de la jurisprudencia española en materia sucesoria. Se incidirá, en particular, en la utilización de la técnica del reenvío y en los problemas que suscita su aplicación en aquellos supuestos en que los tribunales españoles deberán aplicar legislaciones foráneas que, al contrario de la regulación existente en el sistema jurídico español, confieren soluciones diferentes según la naturaleza de los bienes que conforman la masa hereditaria.  Para el análisis de estas materias deberá consultarse la nota en AEDIPR., 2001, págs. 1.094-1.097 y nota en R.E.D.I., vol. LV (2003) 1, págs. 424-435.

 SUPUESTO NÚM. 5

Referencia: Sentencia de la A.P. de Valencia (Sección Novena), de 10 de marzo de 2001(JUR 2001/151658. Texto recogido en nota indicada infra)

             Mediante el estudio de la presente resolución se analizarán los cauces adecuados en el sistema español de Derecho internacional privado para la determinación de la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Igualmente, será objeto de estudio la problemática que presenta el régimen jurídico de la validez de las cláusulas de elección de ley incluidas por las partes en un contrato. Para ello deberá consultarse la nota en AEDIPR 2003, págs. 655-657 y el artículo “La ley aplicable a los contratos internacionales (el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980)” en Derecho de los Negocios, abril 1994, núm. 43, págs. 1-29. 

SUPUESTO NÚM. 6

Referencia: Sentencia de la A.P. de Badajoz (Sala de lo civil), de 19 de julio de 2001 (ARP, 2001, núm. 798)

             Con el análisis de la decisión objeto de comentario se pretenden poner de relieve los problemas que se plantean ante las autoridades españolas cuando, en el marco de un proceso penal, deben precisar la naturaleza de las pretensiones indemnizatorias que se ejercitan por las partes (señaladamente civil o penal) en situaciones de tráfico externo. Concretamente, será objeto de estudio la aplicación por parte de los tribunales españoles de la normativa española de Derecho internacional privado en materia de accidentes de circulación por carretera.

             Para el análisis de estas materias, deberá consultarse las siguientes referencias bibliográficas: nota en R.E.D.I. vol. LIV (2002) 1, págs. 429-434, nota en R.E.D.I., vol. LIV (2002) 2, págs. 914-920, nota en AEDIPR., 2003, págs. 985 y siguientes y nota en AEDIPR, 2002, págs. 1.058-1.065.

 III.                MODELO DE INFORME JURÍDICO

 I. Objeto

Consulta efectuada por D.....

 II. Hechos

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

 III. Fundamentos de Derecho

   Primero.-

    Segundo.-

 IV.- Conclusiones

Este es el parecer del letrado informante que somete a cualquier otro fundado en Derecho.

Firmado

 IV.                DOCUMENTOS

El presente dossier se acompaña de una relación de documentos, que serán utilizados durante el desarrollo de las clases.


Investigación

Gloria Esteban de la Rosa

Tesis doctoral

 "El acogimiento y la delegación de la patria potestad en Derecho internacional privado", defendida el día 14 de octubre de 1998 en la Universidad de Jaén.

Últimas publicaciones

- "Litigios planteados por el comercio electrónico" en, J.L. Collantes González (coord.): Temas actuales del Derecho comercial, Editora Normas legales, Trujillo, 2004, pp. 731-757 (ISBN: 9972-605-19-1).

- "El Reglamento 1206/2001/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil: ¿modelo de regulación para América Latina?, Revista Jurídica del Perú, mayo/junio de 2004.

- Comercio internacional compensado (Normas y estrategias empresariales), Atelier, Barcelona, 2005 (84-96354-47-4).

- (en colaboración con C. Molina Navarrete y E. Arce Romero), La inmigración extranjera. Comentario sistemático al Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, Edit. Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2005 (ISBN: 84-454-1287-6).

Palabras clave

Cooperación internacional en el ámbito de la prueba, métodos alternativos de solución de conflictos, comercio internacional compensado, Derecho internacional privado del Trabajo, situaciones de los extranjeros, protección de los menores extranjeros

Líneas de investigación: Derecho privado europeo, Derecho internacional privado del Trabajo, Derecho del comercio internacional


Jesús María Martín Serrano

Tesina

- "El reconocimiento en España de letras de cambio extranjeras", defendida el 10 de enero de 2002 en la Universidad de Jaén.

Últimas publicaciones

- (en colaboración con J.I. Peinado Gracia) "Luces y sombras del procedimiento administrativo de la OMPI en conflictos sobre la titularidad de nombres de dominio (GTLD)", Revista de la Contratación Electrónica, núm. 16, mayo 2001.

- "Los matrimonios homosexuales: una aproximación desde el Derecho internacional privado español", Revista Española de Derecho internacional, 2003-I, pp. 291 y ss.

- "Globalización y compensación de créditos en los procedimientos internacionales de insolvencia tras la entrada en vigor del Reglamento 1346/2000 y de la nueva Ley concursal" en, Actas de las XX Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho internacional y Relaciones internacionales sobre Globalización y comercio internacional, BOE, Madrid, 2005, pp. 343 y ss.

Palabras clave: letra de cambio internacional, nombres de dominio, formas de matrimonio

Líneas de investigación: quiebra internacional, matrimonio en Derecho internacional privado


Juan Simón Mulero García

Tesina

- "Eficacia en España del poder para pleitos otorgado por autoridades extranjeras", defendida el 20 de diciembre de 2001 en la Universidad de Jaén.

Líneas de investigación: ley aplicable al poder de representación procesal, reconocimiento de documentos públicos, actos de asistencia internacional en el proceso civil y laboral

Proyecto de Innovación docente: Cuaderno de trabajo "Cooperación internacional y proceso" (en colaboración con G. Esteban de la Rosa)


Otros temas

International Trade Law

A. Línea de consultas rápidas

    Se trata de un servicio de apoyo a las empresas y, en general, a las personas interesadas en conocer o en obtener información puntual sobre cualquier cuestión relativa al régimen jurídico del comercio internacional. A través de la introducción del nombre de usuario y de una contraseña, puede contactar con las personas del área de Derecho internacional privado de la UJA así como con sus colaboradores, que responden en el menor tiempo posible.

   Entre en la siguiente dirección: www.ujaen.es/dep/derpub/privado

B. Documentos

    En esta sección se recogen, aún de forma incipiente, algunos de los documentos más frecuentes en la contratación internacional, redactados en inglés, al tratarse del idioma  en el que se hace y expresa el comercio internacional. No obstante, se acompañan de una explicación de su contenido en castellano.

Letters of intent / Counterpurchase Agreement / Contrato de distribución: delimitación del territorio contractual/ 

* Letters of intent

    Las "cartas de intención" (más conocidas en la terminología inglesa) son documentos nacidos en la práctica de la contratación internacional con la primordial finalidad de eludir la expresión "contrato" (contract), que han permitido flexibilizar los estrechos moldes de la dimámica de la contratación interna. De este modo, las partes pueden mantener relaciones comerciales sin sentirse vinculadas, hasta el momento en que así lo decidan. No obstante, los documentos no se califican en atención a lo que las partes indican, sino según su contenido. Por ello, hay que prestar especial atención al modo en que se redacta la carta de intención para evitar que surjan entre las partes relaciones de un contrato válido, en el que concurren sus elementos esenciales. A continuación, se recoge un modelo de carta de intención acompañado de una breve explicación sobre su contenido.

PREBID LETTER OF INTENT

September 1, 2002.

    This letter of intent follows discussions we have had concerning a subcontractual arrangment in Ruritania that would enable Internacional Inc. ("International"), to prepare and submit a proposal on the ------ (expresión del Proyecto a realizar por las partes) ----("Project"). It is anticipated that if International is awarded a contract for the Project (such contract is hereinafter called "Contract") with the Goverment of Ruritania ("Owner"), Internacional and Subcontractor will execute a subcontract.

    The purpose of this letter is to summarize our discussions and set forth the manner to proceed. It is our understanding that neither Subcontractor nor International shall be obligated to the other by this Letter for failure to finally agree on formal and final contract. The general basis and conditions recited in this letter are subject to a formal and final contract, if any.

    As discussed, we have decided to proceed on the following basis:

    In connection with the premises and mutual convenants set forth herein, International and Subcontractor hereby agree that they will jointly submit a prequalification application and bid to the Owner in respect of the project works and, in case of successful bidding, will establish a consortium to execute the relevant Contract on the following basis:

1.- Scope of Work of Each Party.

At present all the works, responsabilities, and requirements for the Project could be divided and allocated tentatively among the Parties as follows: 

- Iinternational: Project management, design (excluding civil works), engineering, supply, and election of electromechanical materials. 

-  Subcontractor: complete civil works design and construction (including supply of relevant materials), supply of TCN manpower, supply of equipment locally available

It is agreed that, on receipt of the Tender Documents, the Parties will reach final agreement on how to share the scope of work.

2.- Authority for Representing the Parties.nternational: Project

It is agreed that International will be the Consortium Leader and will act as Representative of both Parties. International will be authorized to sign also on behalf of the other Party all documents relevant to the joint prequalification and joint bid and, in case of award, the Contract with the Owner.

3.- Liability.

The parties shall be jointly and severaly liable for the obligations toward the Owner under the Contract.

4.- Duration.

International and Subcontractor shall proceed on the basis set forth in this Letter until whichever of the following shall first occur:

    1. until the joint bid has been rejected by the Owner.
    2. until the Contract has been awarded to a competitor other than the parties.
    3. if the Contract is awarded to the Parties, until this Letter of Intent is substituted by a Consortium Agreement based on this Letter of Intent and on the terms and conditions of the Contract.

5.- Confidentiality.

Joint bidding necessarily involves confidential matters, which need to be handled carefully. All such matters that will come to the knowledge of the parties are to be held strictly in confidence and are not to be disclosed to third parties unless a prior written consent is given by the Party who may be affected by such disclosure.

6.- The Parties shall participate to the Tender for the Project on the basis of mutual exclusivity. Therefore, neither Party shall directly participate to the tender for the project nor shall submit an offer to third parties.

If this letter sets forth your intent and understanding of our discussions and method or proceeding, please sign both copies of this letter and return one copy to International.

INTERNATIONAL INC.                                                              SUBCONTRACTOR

Referencia: R.B.Lake y U. Draetta, Letters of intent and other Precontractual Documents. Butterworths. USA. 1994. Appendix A-3, pp. 273 y ss. 

* Comentario

    A través de esta carta de intención, una empresa principal  pone en conocimiento de una o varias empresas su intención de llevar a cabo un proyecto en un tercer Estado, para cuya ejecución requiere su colaboración. En todo caso, dicha ejecución se supedita a la adjudicación del citado proyecto por la autoridad administrativa del país en el que se va a desarrollar. El término prebid puede traducirse como prelicitación y hace referencia al período previo al concurso público.

      Si bien podría considerarse que se trata de un contrato sometido a una condición suspensiva –que el Estado adjudique a la empresa principal la ejecución del proyecto sometido a licitación pública-, la falta de los elementos esenciales del contrato (objeto cierto, causa lícita y partes) impide que pueda ser considerado de este modo (STS 26 de marzo de 1993, EDJ 1993/3021).. No se determina el objeto al que se refiere la relación jurídica, sino que sólo se establecen unos principios o directrices que regirán, en su caso, las futuras negociaciones entre las partes. El segundo párrafo expresa claramente esta idea, al indicar que: "...the purpose of this letter is....".  

    A través de esta carta de intención las partes tan sólo fijan las bases de la posible negociación de un contrato, dejando expresa constancia de que tampoco se obligan a celebrar un contrato en el futuro. El presente documento es un ejemplo de carta "no vinculante", en el que las partes resumen los extremos tratados en las conversaciones mantenidas hasta el momento en que se redacta, que son los siguientes: en primer lugar, las actividades que deberá realizar, en su caso, cada empresa (Scope of Work of Each Party). 

    En segundo extremo, el encargado/a de representar a las partes (Authority for Representing the Parties), que tiene especial interés en este supuesto, dado que están considerando que la ejecución del proyecto se realice a través de un consorcio o asociación contractual de empresas; en tercer término, el régimen de responsabilidad del consorcio para con terceros (Liability) y la duración o vigencia temporal de la carta de intención (Duration). También se prevé una cláusula de confidencialidad en virtud de la cual las partes se comprometen a no revelar a terceros información sobre aspectos técnicos o relativos al funcionamiento de cada una de las empresas (Confidentiality). Y, por último, se recoge una cláusula de exclusividad a tenor de la cual las partes no podrán proponer ofertas a terceros, prohibiéndose asimismo la realización de negociaciones paralelas.

Notas de autor:  J.M. Gámez Jiménez, alumno de doctorado del Departamento de Derecho público y Derecho privado especial. Abogado.

Véase del mismo autor, "Las cartas de intención en el comercio internacional. Una aproximación a su régimen jurídico desde el Derecho privado español", Aranzadi civil/mercantil núm. 52, septiembre de 2003 (dirección electrónica: http://www.aranzadi.es/boletines/civil-mercantil/)


* Countertrade Agreements

    En la actualidad, la compensación se utiliza como estrategia comercial y financiera en el comercio internacional. Se trata de una modalidad de intercambios en los que, a diferencia del convencional, las partes tienen como objetivo generar un valor añadido en la economía delos países que entran en contacto a través de estas operaciones. Está siempre presente el denominado compromiso de compensación (counterpurchase commitment). Pueden revestir una pluralidad de modalidades, entre las que pueden destacarse los diversos tipos de compras-paralelas, que suelen tomar cuerpo a través de una pluralidad de documentos, entre los que se encuentra el acuerdo de compensación, del que se presenta un modelo comentado.

DRAFT OF A COUNTERPURCHASE AGREEMENT WITH THE U.S.S.R.

1. In connection with the signing of the present Contract the parties have agreed that the Seller will purchase from Soviet Foreign Trade organizations within the perior of... machines and/or equipment in the amount of..., it being understood that prices fot the above machines and/or equipment will be of the worl level.

2. The quality and detailled specification of the machines and/or equipment as well as the prices, time and other conditions of the delivery must be agreed upon between the Sellers and the corresponding Soviet Foreign Trade organization not later than... from the date of signing the present Contract.

3. The Sellers will immediately notify the Buyers that the transaction has been concluded by sending to them a copy of the Contract, concluded with the Soviet Foreign Tade organization.

In the Contract there should be reference to the present Contract.

4. In case of non-fulfillment by the Sellers of the above obligation the Buyers have the right to deduct the sum, stated in Clause 1 of the present Article from the Sellers' invoices. Should for any reason the stated sum not be deducted by the Buyers while paying the Sellers' invoices, the latter are to pay this sum at the first demand of the Buyer".

Referencia: L.G.B. Welt: Trade without money: Barter and Countertrade, Harcourt Brace Jovanovich, Law and Business Inc., New York, 1984, pp. 210-211.

* Comentario 

    Este documento se ha denominado "borrador de acuerdo de contra-compra", porque se trata de un texto, que aparece vinculado a un contrato relativo a la exportación de determinado material y que tiene la finalidad de indicar la existencia de un acuerdo adicional, cuyos términos son expresados en unas breves líneas. Se trata tan sólo de un texto, que debe ser negociado hasta convertirse en un auténtico acuerdo de compensación, que puede figurar en el propio contrato de compra-venta inicial o en un documento aparte. El compromiso de compensación consiste en la adquisición de determinados bienes por parte del exportación inicial (Seller) a un organismo de la antigua U.R.S.S.

    Este acuerdo es característico de las diversas modalidades de operaciones de compras-paralelas, en las que con frecuencia se redactan una pluralidad de documentos que conforman la estructura negocial compleja de la operación. Este acuerdo no reviste la forma de un contrato de compra-venta que sigue un esquema definido de entrega y pago. Si bien se menciona el tipo de bien que se adquirirá (material de equipo), en la cantidad precisa y al precio de mercado (punto núm. 1 del documento), la concreción de todos estos se deja para un momento posterior (punto núm. 2), a través de distintos contratos, en los que se irá concretando la obligación de compensación.

    Sería difícil considerar que este documento, por sí mismo, es un pre-contrato, al referirse a los bienes de equipo que constituyen la contrapartida de forma genérica. No está determinado el objeto ni se fijan los criterios que permitan determinarlo sin necesidad de un posterior acuerdo. Para entender la función de este documento y su valor jurídico, será preciso comprenderlo dentro de la dinámica negocial y de la estructura compleja pero unitaria de esta operación, que se compone de varios textos.

    Si este documento finalmente se incorpora al contrato principal de exportación no será necesario que se redacte un protocolo para vincular ambos compromisos (exportación inicial y acuerdo de contra-compra). En el punto núm. 4 del documento figura una sanción, que puede tener cierto parecido con la cláusula penal, pero que actúa más como garantía de cumplimiento de la obligación de compensación (garantía a primera demanda), en virtud de la cual el Vendedor en el countertrade Agreement puede descontar el importe de la adquisición que no ha realizado la empresa extranjera, del coste de la exportación inicial.

Notas de autora: G. Esteban de la Rosa, P.T.U. de Derecho internacional privado, Universidad de Jaén.

Véase de la misma autora, "El comercio internacional compensado: reglas y prácticas", Derecho de los Negocios, núm. 147, diciembre de 2002.


* CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN: Cláusula relativa a la prohibición de ventas (activas) fuera del territorio contractual

"El distribuidor podrá comercializar sus productos fuera del territorio contractual, salvo cuando el propio proveedor se haya reservado en exclusiva una concreta zona o la haya asignado de forma exclusiva a otro comprador durante la vigencia del presente contrato.

Tampoco podrá el distribuidor vender sus productos a los clientes que el proveedor se reserve en exclusiva o haya asignado de forma exclusiva a otro distribuidor, durante la vigencia de este contrato"

"The distributor can deliver their commodities outside the territory defined in this contract, except when the supplier has kept previously a specific area (to himself) or the supplier has atteined that bound to another seller until de present contract expires.

Neither will the reseller sell their commodities to the supplier's clients with whom they have a bond with, nor to the clients assigned in exclusivity to another reseller until the present contract expires"

    El Derecho de Defensa de la Competencia (D.D.C.) comunitario (señaladamente, los arts. 81 82 T.C.E./T.A.) se construye sobre el principio de la competencia efectiva (workable competition). La competitividad de las empresas y el progreso económico exige, en ocasiones, un alto grado de concentración de la producción o distribución de determinado bien o servicio. La competencia es necesaria para evitar el estancamiento de las empresas y, por tanto, de los sectores de actividad a las que éstas se dedican. Por ello, el Tratado de la C.E.E. postula que la competencia no sea falseada [art. 3 letra g)].

    En el caso de los contratos de distribución (en especial, si se trata de contratos en exclusiva) la limitación del ámbito de actuación del distribuidor al territorio de un concreto Estado comunitario provoca la compartimentación del mercado común (interior) contraria, por este sólo hecho, al D.D.C. La especialización no puede llevar a restringir o limitar las importaciones paralelas (esto es, que otros distribuidores puedan tener acceso al territorio del Estado en el que el distribuidor vende sus productos), ni las exportaciones paralelas (esto es, que el distribuidor suministre sus productos en el territorio de un Estado distinto). Véase, Sentencia del T.J.C.E., de 18 de septiembre de 2003 (Volkswagen c. Comisión).

    Por tanto, una cláusula de este tipo: "queda prohibido al distribuidor la captación de clientes fuera del territorio de un determinado Estado" (ventas activas), recogida en un contrato de distribución, es contraria a la normativa comunitaria.

    No obstante, es posible limitar el espacio de actuación del distribuidor, (territorio contractual) siempre que no coincida con el de un Estado miembro. Además, es posible limitar las ventas activas del citado comprador (esto es, la captación de clientes fuera del territorio contractual) siempre que concurran las condiciones que prevé el art. 4 del Reglamento núm. 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

    En primer lugar, la prohibición de venta de los productos fuera del espacio contractual no puede alcanzar a los clientes del comprador (distribuidor). Por tanto, no puede impedirse que tales clientes (revendedores), vendan los productos en cualquier lugar.

    En segundo extremo, sólo es posible limitar el territorio contractual del comprador (distribuidor) cuando el propio proveedor se haya reservado dicho territorio o lo haya atribuido con carácter exclusivo a otro distribuidor. El D.D.C. no es absolutamente contrario a la especialización de las ventas de los distribuidores a determinadas zonas (siempre que no sean coincidentes con un Estado determinado) para asegurar mejor la distribución y el servicio en un territorio controlable, conocer el mercado y orientar su oferta en función de las necesidades.

    La prohibición de realizar ventas activas en un territorio determinado se justifica por la estrategia de distribución de los productos seguida por el proveedor, al que le puede interesar colocar sus productos utilizando canales distintos (esto es, distintos distribuidores). Ahora bien, dicha prohibición sólo se justifica si el propio proveedor se ha reservado la zona o la ha atribuido con carácter exclusivo a otro distribuidor.

    ¿Qué pasa si el distribuidor A vende sus productos en una zona determinada, que no tenía asignada de forma exclusiva el proveedor a otro comprador (distribuidor B) en el momento de la celebración del primer contrato de distribución? Según lo que se haya indicado en el contrato. Si el distribuidor A tenía delimitado su territorio contractual, no es posible que éste impida al proveedor contar con otro distribuidor B para el suministro de bienes en dicho zona, a pesar de haber generado un volumen significativo de ventas activas en este lugar. El distribuidor A podría exigir al proveedor, en todo caso, una indemnización por la actividad de promoción y de publicidad de sus productos (captación de clientela), que ha estado llevando a cabo en dicho territorio, que el proveedor asigna al distribuidor B.

    Si el distribuidor A no tenía delimitada su actividad a una concreta zona, en la que realiza ventas activas, podrá alegar la existencia de un acto o práctica de competencia desleal si el proveedor contrata con otro comprador el suministro exclusivo de los bienes en ese territorio, durante la vigencia del contrato con A. Estos actos están sancionados por la Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre Competencia Desleal en, B.O.E. núm. 10, de 11 de enero de 1991), cuyo art. 4 recoge el criterio de la aplicación de la lex mercatus protectionis, esto es, la utilización de la ley del mercado afectado por los actos de competencia desleal que tienen lugar en su territorio para reprimir tales comportamientos.

    Por último, estos acuerdos (en los que se ha insertado una cláusula que prohíbe ventas activas en determinado territorio reservado por el proveedor) no pueden suponer que el proveedor alcance una cuota de mercado superior al 30%, entendiendo por tal, no sólo un concreto espacio geográfico sino material (esto es, por sector de actividad), de conformidad con lo que indica el art. 3, pár. 1º del Reglamento 279/1999.

    Es contraria al D.D.C. cuando, en atención al volumen del mercado afectado, éste es superior al 30% del mercado del comprador (distribuidor). Por tanto, la distribución en exclusiva de determinado bien en el mercado comunitario debe tener lugar, al menos, a través de 3 distribuidores en exclusiva. La normativa de cualquier Estado miembro (o la práctica seguida por las empresas) que obligue a contar con un único distribuidor deberá enjuiciarse a la luz del Derecho de la Competencia.

    Para ello, si se trata de una normativa nacional, es preciso iniciar ante la Comisión el procedimiento previsto en los arts. 96 y 97 del T.C.E./T.A. Si se trata de una práctica, deberá denunciarse por cualquier interesado ante la Comisión.

Nota de autor: Gloria Esteban de la Rosa, P.T.U. de Derecho internacional privado (Universidad de Jaén)


 

 


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Última actualización:  10/04/2007