121. Normativa que incentive las instalaciones para dotar de agua caliente solar a los edificios de nueva construcción
Justificación: Entre los recursos energéticos renovables, el aprovechamiento de la radiación solar para la obtención de agua caliente doméstica tiene varias ventajas. Además de todas las inherentes a las renovables en general, es una de las pocas que son competitivas, en términos puramente económicos, con la energía convencional. Incentivar su instalación en las viviendas de nueva construcción minimizaría el inconveniente que supone la inversión inicial y permitiría alcanzar un volumen de instalaciones significativo para percibir las ventajas del aprovechamiento de recursos autóctonos y de una diversificación del sistema energético.

Descripción: Consiste en la elaboración de una normativa municipal o supramunicipal que incentive a dotar a los edificios de nueva construcción de la superficie adecuada de paneles para el suministro de agua caliente doméstica. Esta regulación debe incorporar las especificaciones mínimas de la instalación para un funcionamiento correcto y abastecimiento adecuado de acuerdo con las características del edificio.

Objetivos: Reducir más del 25 por 100 del consumo de energía convencional en las viviendas de nueva construcción con la consiguiente reducción de quema de combustibles fósiles y de deterioro ambiental. Dirigir hacia nuestra provincia recursos financieros disponibles hoy en el ámbito regional, nacional e internacional para la instalación de estos sistemas y que alcanzan en general más del 50 por 100 del coste de la misma. Desarrollo del tejido empresarial en el sector energético, con el consiguiente incremento de puestos de trabajo, debido al aumento del mercado y de los recursos financieros. Teniendo en cuenta que en la provincia se construyen en torno a unas 3.500 viviendas al año, esta medida puede suponer la instalación anual de unos 10.500 m2 de paneles, con lo que se conseguiría dirigir hacia la misma unos recursos financieros de unos 500 millones de pesetas y crear un mercado de unos 1.000 millones de pesetas anuales.

Agentes implicados: Ayuntamientos. Diputación Provincial. Organismos de las Administraciones Públicas con competencias en temas de energía y urbanismo. Organizaciones empresariales. Colegios profesionales del sector energético y de la construcción.

Prioridad: Alta.
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