UGT ha mantenido una reunión con el Secretario General y el Director General de Coordinación Universitaria para tratar la adaptación a la LOSU y la futura L.U.P.A. de la que, todavía no tenemos documento para su estudio y justificación de las propuestas que presentará el sindicato.

El Secretario General nos manifestó la intención de que esta futura ley sea fruto del consenso de todos los miembros de la comunidad universitaria y de todos los agentes que tienen relación con la Universidad (Consejos Sociales, Confederación de Empresarios, etc.). Y, asimismo, nos indicó que se trata de una nueva ley y no de una modificación ni adaptación de la anterior y que pretenden darla a conocer antes de finales de febrero.

Después de una introducción sobre los “beneficios” que tendrá la futura ley, desde UGT manifestamos nuestro estupor al enterarnos de algunos detalles de dicha ley por Europa Press, sin que se nos hubiese aportado información alguna del anteproyecto, lo que no parecía una buena oferta de dialogo, con un titular destacado sobre la propuesta de la exigencia a los “nuevos profesores universitarios de tener un nivel (mínimo) de B2 de idiomas” para el acceso a la carrera profesional, además de otras singularidades.

Se nos indicó que planteaban como importante lograr que se retrasasen en un periodo de 4 años varios de los plazos que la LOSU establece para la adaptación de estructuras y contratos (transitorias 7 y 12) o la aprobación de los estatutos de las universidades andaluzas una vez aprobada la LUPA.

No habiéndose planteado nada, en el transcurso de la reunión, en relación a los perfiles profesionales de PDI, UGT planteó la necesidad de abordarlos, puesto que el diseño de la carrera profesional de la LOSU no soluciona los problemas actuales.

Desde nuestra organización pensamos que en esta reunión se obvió de manera flagrante cualquier punto relativo al PTGAS de las UUPPAA, sin facilitar la más mínima información sobre el futuro en la ley. Someramente se hizo alguna referencia al porcentaje de participación en los órganos de representación y se pidió un 15%. Pero, si tenemos en cuenta que, de todos los porcentajes, solo queda para repartir un 24% entre el entre el PTGAS y el PDI temporal, no casa con el espíritu participativo y democrático de la Universidad y deja en manos de los estudiantes la toma de decisiones importantes que afectan al futuro, tenemos la sensación de que el porcentaje que nos atribuirán en la futura ley no va a ser el que pedimos.

Para la negociación de esta ley se ha planteado la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de todos los miembros de la comunidad universitaria para conocer todos los puntos de vista sobre el anteproyecto de ley.

UGT sigue exigiendo y poniendo de manifiesto que no se puede dejar atrás, para la aprobación de esta ley, la necesidad de garantizar la suficiencia financiera que dote a las Universidades Públicas andaluzas de los recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines y la consecución de sus objetivos, así como hacer frente a los acuerdos para hacer ver que ¡SOMOS ESENCIALES! para la prestación del servicio de Educación Superior.