La CEDU y el Defensor del Pueblo estrechan lazos para abordar los principales retos de la Educación Superior

La reunión institucional sirvió para trasladar propuestas clave sobre el acceso a la universidad de personas con discapacidad, la prevención del fraude académico y el análisis de la conflictividad en las aulas españolas.

MADRID. – Una delegación de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias (CEDU), compuesta por su presidente (Ángel Antonio Rodríguez Sevillano, UPM), su vicepresidenta (Mercedes Lomas Campos, US) y un vocal (Alberto Sánchez Campos, URJC), ha mantenido un encuentro de trabajo con el Defensor del Pueblo español (Don Ángel Gabilondo) y miembros de su equipo, tales como la directora del Área de Educación, Cultura y Empleo, (Teresa Siso) y la técnica del mismo Área (Carmen Castañón), en un clima de cordialidad y máxima colaboración institucional. Esta reunión, solicitada tras la renovación de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, ha permitido abordar preocupaciones comunes y presentar importantes documentos estratégicos para el futuro de la Universidad pública y privada en España.

Entre los asuntos de actualidad debatidos, ambas partes analizaron el impacto del fraude académico en los exámenes y el papel crucial de las nuevas herramientas tecnológicas para su prevención y detección, así como la repercusión de las recientes leyes autonómicas de educación superior en la garantía de derechos de la comunidad universitaria.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la entrega del informe presentado por la CEDU (originado inicialmente en la red de Defensorías Andaluzas, REDUAN) sobre la acreditación de la discapacidad para el acceso a la universidad. En dicho documento, las Defensorías Universitarias defienden que la resolución administrativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que reconoce una incapacidad permanente absoluta o total debe ser suficiente para acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Esta medida busca evitar que los estudiantes queden excluidos del cupo de reserva del 5 % de plazas o de la exención de tasas por culpa de los retrasos administrativos de los órganos autonómicos, que en ocasiones demoran hasta tres años la expedición del certificado. La CEDU fundamenta esta propuesta en la legislación estatal de derechos de las personas con discapacidad y los principios de simplificación y eficacia administrativa.

El «Informe de Informes»: un diagnóstico del sistema universitario

Asimismo, la representación de la CEDU presentó las conclusiones del Informe de Informes 2023, un exhaustivo estudio que recopila y analiza los datos de 47 universidades españolas para ofrecer una radiografía global de las incidencias atendidas por las defensorías. Dicho estudio fue propuesto por el propio defensor del Pueblo en 2022.

El informe evidencia que, aunque los estudiantes representan el 71 % de los casos planteados —principalmente ligados a evaluaciones, docencia y matriculación—, el personal docente e investigador (PDI) genera el 18 % de las actuaciones, reflejando un uso intensivo de estos órganos para la resolución de conflictos sobre convivencia y condiciones laborales.

El encuentro concluyó con el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo los canales de comunicación y trabajo conjunto entre el Defensor del Pueblo y las Defensorías Universitarias, reafirmando la función esencial de estas instituciones en la salvaguarda de los derechos fundamentales, la inclusión social y la mejora continua de la calidad en la Educación Superior.

Para más información: https://www.defensordelpueblo.es/noticias/reunion-cedu/