La entrada en vigor de la LOSU ha traído consigo la necesidad de efectuar cambios, tanto en los estatutos de las universidades españolas como en la normativa reglamentaria que de ellos emanan. Aun con el aseguramiento de preservar la autonomía universitaria, se deberían aunar criterios sobre preceptos ineludibles que han de figurar en las disposiciones respectivas, al objeto de que exista el mayor consenso posible ante aspectos cardinales tales como el acceso a estudios o a plazas de profesorado/PTGAS, normas de permanencia, evaluación, régimen disciplinario o el propio funcionamiento de las Defensorías Universitarias, entre otros, para evitar apreciaciones diferentes que pudieran repercutir en la valoración y en el aseguramiento desigual de derechos, como ocurre actualmente, dependiendo de las diferentes universidades. Esta propuesta ideal, que pudiera resultar utópica si la contemplamos a nivel general, se torna casi un imperativo imprescindible a nivel de territorios autonómicos, donde existen acuerdos y entidades globales para la gestión de asuntos comunes, como ocurre por ejemplo con el acceso al ámbito educativo y el Distrito Único Andaluz, en nuestro caso, y frente a los cuales la existencia de normativa discrepante no haría más que generar desigualdades innecesarias. El trabajo desarrollado en la actividad que se presenta puede servir de referente para otras Defensorías del ámbito nacional que deseen fomentar sus acciones en red desde una perspectiva horizontal, lo que redundará igualmente en un fortalecimiento de los espacios de participación y, por ende, en el papel de CEDU como entidad promotora de cambio y salvaguarda de derechos en las universidades españolas.